Por Carlos Hartig
Tepic.- La sombra de la sospecha patrimonial e investigación anticorrupción en la Riviera Nayarit alcanza una nueva escala jurisdiccional. La firma mercantil Grupo Empresarial Villalvazo, Sociedad Anónima de Capital Variable, ligada a la exalcaldesa de Bahía de Banderas, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, promovió el juicio de amparo indirecto 884/2026 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en Nayarit. En los acuerdos procesales recientes, el órgano jurisdiccional federal requirió los informes justificados al Juez del Tribunal Laboral de la Región II con residencia en Bucerías, en un litigio constitucional que busca frenar resoluciones y embargos sobre los activos del consorcio.
El vertiginoso ascenso de la exedil refleja el peculiar contraste entre la función pública local y las cúpulas del poder político nacional. Villalvazo Amaya, quien inició su trayectoria laboral en los peldaños más básicos del fuero común como notificadora y actuaría de Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial de Nayarit, dio un salto meteórico en 2018. Tras recibir la bendición del grupo político tabasqueño —encabezado por figuras influyentes del gabinete federal como Carlos Manuel Merino Campos—, fue agraciada en la tómbola e insaculación interna de Morena con la candidatura y posterior curul como diputada federal por el distrito costero.
La suerte política de la exfuncionaria se consolidó en el proceso electoral de 2021 cuando, tras una severa disputa contenciosa en la que no figuró inicialmente en la boleta para la presidencia municipal de Bahía de Banderas, las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le entregaron el triunfo en la mesa. A partir de su llegada al ayuntamiento del municipio con mayor crecimiento inmobiliario y plusvalía turística de la entidad, el entorno familiar directo de la exalcaldesa constituyó el prominente Grupo Empresarial Villalvazo, detonando un meteórico crecimiento económico en la región.
Sin embargo, el vertiginoso enriquecimiento de la exedil y su grupo mercantil quedó bajo el escrutinio de la Fiscalía General del Estado de Nayarit y de las autoridades anticorrupción. Las investigaciones ministeriales abiertas en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y concesión irrestricta de licencias de construcción —enmarcadas en el entramado conocido localmente como el «cártel inmobiliario»— derivaron en órdenes de aprehensión y en el aseguramiento precautorio de diversos bienes e inmuebles a su nombre y de su círculo cercano.
Frente a la embestida judicial y los requerimientos del fuero común, la representación legal de la persona moral optó por solicitar el blindaje constitucional en los estrados federales de Tepic. La radicación del expediente 884/2026 busca suspender la ejecución de mandamientos de pago, emplazamientos o providencias cautelares dictadas por los tribunales del trabajo en Bucerías, abriendo un incidente de suspensión con el que intentan congelar cualquier afectación a las finanzas y cuentas bancarias del consorcio empresarial.
Mientras el Juzgado Cuarto de Distrito analiza las pruebas y desahoga la audiencia constitucional para determinar si otorga o niega la suspensión definitiva a la empresa, el caso acapara los reflectores tanto en la prensa nacional como en la opinión pública nayarita. La controversia contenciosa pone a prueba el actuar de las autoridades federales frente a un caso paradigmático donde el amparo amenaza con convertirse en el último refugio frente a las indagatorias por presunta corrupción e impunidad en el pacífico mexicano.
