Por Carlos Hartig
Tepic.- Las carreteras de México se han convertido en un auténtico escenario de guerra y zozobra para el autotransporte de carga. En una contundente jornada de protesta que paralizó y movilizó al sector en las 32 entidades del país, la Organización Integradora de Derechos Convencionales A.C. (INDECO) lanzó un enérgico reclamo al Gobierno Federal para frenar de inmediato la sangría humana y económica que sufren los operadores en las rutas nacionales.
En entrevista exclusiva para este medio, Adalberto Gutiérrez Muñoz, Presidente Nacional de la Organización Integradora de Derechos Convencionales A.C. (INDECO), exigió una mesa de trabajo de carácter urgente y resolutivo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, advirtiendo que el gremio no tolerará más simulaciones institucionales. El líder acusó duramente que las reuniones previas con la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional han sido un rotundo fracaso, quedando reducidas a simples papeles firmados que no resuelven ni el 10% de la emergencia. «Ya no estamos dispuestos a acudir a mesas donde solo nos escuchan para tomar la foto; el país depende por completo del autotransporte y no vamos a permitir que sigan ignorando este pilar de la economía nacional», sentenció con total severidad.
Las cifras oficiales presentadas por la organización exponen una alarmante crisis de violencia criminal en las vías del país: en lo que va del presente año 2026, se contabilizan más de 1,800 asaltos mano armada a camiones de carga y la trágica ejecución de al menos 16 operadores. Gutiérrez Muñoz remarcó que, a excepción de zonas con relativa calma como Nayarit y Durango, rutas clave ubicadas en el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato y el estratégico Arco Norte, se han consolidado como verdaderas franjas de la muerte donde los choferes son brutalmente golpeados, secuestrados o asesinados día con día.
A la espiral de homicidios y robos se suma el descarado cobro de peajes exorbitantes sobre infraestructura destrozada. El dirigente calificarlo como una extorsión institucionalizada, detallando que en un viaje de Tepic a Guadalajara, mientras un tráiler gasta cerca de 4,500 pesos en diésel, el pago de casetas devora 3,200 pesos; es decir, las empresas terminan pagando en peaje casi la tercera parte del valor del combustible únicamente por el derecho a transitar sobre autopistas en pésimas condiciones, repletas de baches y sin la más mínima garantía de seguridad, como ocurre en Sinaloa, Zacatecas y el Arco Norte.
La denuncia del gremio escaló al señalar abiertamente la complicidad de las corporaciones policíacas locales y federales en esquemas de chantaje. Gutiérrez Muñoz denunció que los retenes instalados en autopistas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la extinta AFI no cumplen labores de inteligencia, sino que operan abiertamente como focos de corrupción y extorsión sistemática contra los transportistas. Esta asfixia operativa, unida a la amenaza gubernamental de arrebatar los incentivos fiscales al sector, amenaza con paralizar por completo la logística nacional.
Finalmente, la dirigencia de INDECO advirtió que la indiferencia gubernamental está provocando una desbandada de conductores ante el temor de perder la vida, agudizando el severo déficit de operadores en la República Mexicana y poniendo en riesgo el abastecimiento del país. Adalberto Gutiérrez Muñoz fue enfático al declarar que las manifestaciones en los 32 estados continuarán e irán en aumento hasta que el Gobierno Federal entregue respuestas ejecutivas, cese las extorsiones oficiales y devuelva la paz y la seguridad a las carreteras de México.
