Designa Congreso Nayarita Presidente del Instituto de Justicia Laboral

Lenin Fredy Paz Gómez, rindió protesta de ley ante el Pleno de la Trigésima Tercera Legislatura

Luego del voto de las y los diputados, el presidente de la mesa directiva, legislador Luis Enrique Miramontes Vázquez, tomó la protesta de ley al ciudadano Lenin Fredy Paz Gómez como presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática para el Estado de Nayarit, responsabilidad que desempeñará por un periodo de tres años.

En el registro de votación por cédula electrónica de cada una de las y los legisladores, se informó ante el Pleno que Lenin Fredy Paz Gómez obtuvo 25 votos a favor para asumir el cargo como presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática.

Lenin Fredy Paz Gómez, es licenciado en derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit, cursó el diplomado en responsabilidades de los servidores públicos, impartido por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como el diplomado de Auditoría Gubernamental y el taller de Argumentación Jurídica; participó en el primer Congreso Anticorrupción del Estado de Sinaloa “El Oic y sus Retos” y el primer Encuentro de Autoridades Investigadoras y Substanciadoras Región-Occidente, impartido por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato.

Dentro de su desempeño profesional, Paz Gómez fue director de investigación de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, secretario ejecutivo del Comité de Ética de la Secretaría de la Contraloría, jefe del Departamento de Quejas y Denuncias, abogado postulante, asesor parlamentario y asesor legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

En doble jornada legislativa, las y los diputados dieron su voto afirmativo a cuatro Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024 de los municipios de Huajicori, Santa María del Oro, San Blas e Ixtlán del Río.

En las cuatro Leyes aprobadas quedó dictaminado el no incremento en los cobros de impuestos, cuotas, tasas y tarifas de los servicios públicos que otorgan cada uno de los ayuntamientos; solo en aquellos criterios en los que se estime la inflación.


 

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