Por Carlos Hartig
Tepic. Un Juez de Control asestó un severo varapalo a la Fiscalía General del Estado de Nayarit al retirar las medidas cautelares que mantenían separados de sus cargos a trabajadores sindicalizados vinculados a proceso por manifestarse. La resolución judicial ordena la reincorporación inmediata de los empleados a sus puestos de trabajo, así como la restitución del 100% de su salario y el pago retroactivo del 60% de los haberes que se les mantuvieron retenidos de forma indebida durante más de siete meses. Adicionalmente, el juzgador eliminó la prohibición de movilidad que les impedía salir de la entidad, con lo que se desmorona la estrategia punitiva desplegada contra los manifestantes.
El conflicto legal tiene su origen en las imputaciones formuladas por la Fiscalía, que procesó penalmente a los sindicalizados tras su participación en diversas movilizaciones laborales. Ante la desproporción de los castigos impuestos desde su vinculación a proceso —acaecida en diciembre pasado—, la defensa legal solicitó la revisión de las medidas cautelares. La resolución favorable derivó de las directrices dictadas por un Juez Federal, quien determinó que el órgano procurador de justicia incurrió en excesos y vulneró garantías constitucionales fundamentales, tales como el derecho a la libre expresión y la protesta social, al pretender sancionar penalmente reclamos de prestaciones laborales adeudadas.
Durante la audiencia, la representación social insistió en mantener las restricciones salariales y la suspensión del cargo; sin embargo, la defensa acreditó que las circunstancias habían cambiado y que la separación laboral resultaba violatoria del principio de proporcionalidad. La retención del 60% del salario durante más de medio año comprometió gravemente la subsistencia de los trabajadores y sus familias, provocándoles severas afectaciones económicas, desatención médica por falta de recursos y afectaciones emocionales que derivaron en la necesidad de acompañamiento psicológico y psiquiátrico.
El Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), Óscar Flavio Sedano Vázquez, encabezó el mensaje tras el fallo de la audiencia. El dirigente señaló que la justicia federal nuevamente les da la razón y adelantó que impulsarán una iniciativa popular para erradicar del Código Penal del Estado de Nayarit la tipificación de la protesta social como delito. Asimismo, enfatizó que los sindicalizados resistieron embates legales injustos y que el gremio continuará el proceso legal ante los Tribunales Colegiados para lograr la exoneración total de los implicados.
En el marco de este pronunciamiento, el liderazgo sindical endureció sus críticas contra la encargada de despacho de la Fiscalía General, Ludmila Heredia Verdugo, a quien acusaron de incurrir en abuso de autoridad y instrumentalizar a los ministerios públicos para perseguir a la clase trabajadora. Sedano Vázquez recordó que la organización gremial ya promovió un juicio político contra la funcionaria ante el Congreso del Estado de Nayarit, sustentado en el daño moral, económico y patrimonial ocasionado a los sindicalizados.
El dirigente sindical lanzó un llamado a los legisladores locales para que evalúen la conducta y el desempeño de la encarga de la Fiscalía, advirtiendo sobre el riesgo de ratificarla en el cargo por un periodo de nueve años. A la par de la vía política y los amparos judiciales en curso, la representación legal del SUTSEM anunció que interpondrá demandas por responsabilidad patrimonial del Estado contra las autoridades involucradas, con el fin de exigir la reparación integral del daño para los trabajadores que sufrieron esta persecución institucional.
