Por Carlos Hartig
Tepic.- Decenas de madres y padres de familia se manifestaron ante los medios de comunicación y el Congreso del Estado de Nayarit para pronunciarse contra la imposición intempestiva de una cuota de recuperación de 200 pesos por sesión en los Centros de Atención al Espectro Autista y Bienestar Emocional públicos, cobro que pone en riesgo el tratamiento regular de al menos 200 niños y adolescentes con neurodivergencia en la entidad.
Betsy López, madre de un menor autista y vocera del grupo de familias afectadas, explicó que la notificación de la tarifa se dio de manera imprevista de un día para otro en recintos públicos como el Centro de Autismo de La Alameda y la unidad en Casa Nayarit. Advirtió que, aunque las familias no rechazan contribuir de forma justa, un costo de 200 pesos semanales representa una erogación de cerca de 1,000 pesos mensuales por niño, suma inaccesible para hogares con bajos ingresos, mamás solteras, familias con más de un hijo con discapacidad o personas que viajan desde municipios del interior del estado sumando gastos de traslado y medicamentos.
Por su parte, Enrique Bundis, padre de una niña neurodivergente de 5 años que acude a terapias en Casa Nayarit, respaldó la propuesta de que las aportaciones no sean homogeneizadas, sino calculadas de forma justa y proporcional mediante estudios socioeconómicos individuales. Señaló el contraste de que una atención psicológica convencional en dependencias públicas oscila entre los 30 y 50 pesos, mientras que este nuevo cobro de 200 pesos fue fijado abruptamente, obligando a varias familias a aplazar o suspender las sesiones especializadas de sus hijos.
Además del reclamo por las tarifas, los manifestantes dirigieron un llamado urgente a las y los integrantes del Congreso del Estado de Nayarit para garantizar el blindaje presupuestal e institucional de estos espacios dentro del Presupuesto de Egresos 2027. Las familias exigieron que los gastos operativos, el mantenimiento y, sobre todo, la nómina del personal especializado y psicólogos queden garantizados por ley para evitar que la operación de los centros quede a merced de cambios de administración o decisiones sexenales.
A nivel local y regional, la atención del Trastorno del Espectro Autista (TEA) enfrenta importantes desafíos. Estudios desarrollados por la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y organismos de salud en la región señalan que el acceso a diagnóstico oportuno e intervención temprana continúa siendo limitado en el ámbito público local, donde las familias llegan a esperar meses para ser atendidas en servicios del Sector Salud (SSN e IMSS-Bienestar) o deben recurrir al sector privado, donde una sesión terapéutica supera los 500 pesos.
En el marco sociodemográfico nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que en México más del 16% de la población vive con alguna discapacidad, condición de salud mental o neurodivergencia. Por su parte, la Secretaría de Salud Federal y la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculan una prevalencia global del autismo de aproximadamente 1 por cada 100 niños, mientras que en México organismos especializados como Autism Speaks y la red de la Clínica de Autismo de la Ciudad de México estiman que 1 de cada 115 niños vive con TEA, la mayoría sin acceso a servicios públicos permanentes.
Organizaciones de la sociedad civil y redes afines de apoyo a la neurodivergencia —como la Asociación Mexicana para el Estudio del Autismo (AMEA) y la Red Madre Autismo— coincidieron en que el Estado mexicano, a través de sus tres órdenes de gobierno, debe velar por el principio del interés superior de la niñez y la gratuidad progresiva en los servicios de salud y rehabilitación integral, garantizando que el origen socioeconómico no sea un factor de exclusión o abandono terapéutico.
