Por Carlos Hartig
Bucerias, Bahia De Banderas Nayarit.- En una jornada convulsa que deja al descubierto la profunda crisis del sistema de justicia en la costa norte del estado, ciudadanos, víctimas y litigantes acorralaron este 17 de septiembre el Centro Regional de Justicia Penal de Bucerías. El objetivo fue encarar la evaluación del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial de Nayarit y exigir la inmediata destitución e investigación penal de los jueces de control Xavier Alberto Rivas González y Enrique Ledezma González, señalados por actuar como brazo ejecutor de la Fiscalía estatal.
Las quejas radicadas ante el órgano disciplinario exponen presuntas actuaciones parciales y medidas cautelares severas dictadas bajo criterios discriminatorios. Un ejemplo expuesto por el abogado defensor Alejandro Fernández es el caso de la familia Guzmán Franco, envuelta en un litigio de tierras en Rincón de Guayabitos, Compostela. Fernández denunció que el juez Xavier Rivas envió a prisión a sus clientes inventando un supuesto riesgo de fuga basado únicamente en que son albañiles, venden hamburguesas, estudian o están solteras.
A las acusaciones se suman otros expedientes procesales presentados por la defensa. Entre ellos destaca la detención del notario público 39 de Mezcales, encarcelado desde hace ocho meses por el denominado Megaoperativo Nuevo Nayarit a pesar de contar con amparos. También se expuso la privación de la libertad de un policía vial de Puerto Vallarta, detenido desde hace tres meses, y el caso del trabajador Javier Alatorre en Chacala, encarcelado en calidad de «rehén del Estado» para presionar a su empleador en un juicio por despojo.
Durante la manifestación, la comunidad jurídica y los afectados bautizaron a Xavier Rivas González como el “Juez del FIBBA”, señalándolo como la pieza clave en el despojo sistemático de predios a ejidatarios para favorecer al Fideicomiso Bahía de Banderas. Según las denuncias, la Fiscalía General del Estado fabrica carpetas por encargo e intereses económicos, mientras Rivas González —en su calidad de juez coordinador del despacho— convalida y dota de apariencia de legalidad a estos atropellos desde el estrado.
El litigante Alejandro Fernández acusó además que estas persecuciones escalaron a las salas de audiencia mediante intimidaciones directas a los defensores. El juez Rivas González los habría apercibido con iniciarse un proceso penal si hacían públicas las grabaciones de las audiencias, acto catalogado por el gremio de abogados como un claro abuso de autoridad y una amenaza para censurar procesos que, por mandato constitucional y bajo el principio de máxima publicidad, son estrictamente públicos.
Frente a los evaluadores, los inconformes exigieron que la revisión no concluya en un mero trámite burocrático y que se ordene la separación del cargo de ambos juzgadores. Asimismo, solicitaron dar vista al Ministerio Público para investigar la probable comisión de delitos como asociación delictuosa y colusión de servidores públicos. Finalmente, el abogado Alejandro Fernández y los manifestantes hicieron responsables a los jueces Rivas y Ledezma de cualquier atentado, persecución o fabricación de delitos en su contra.
