Por Carlos Hartig
Bajo la consigna de frenar el secuestro institucional de la infancia, el colectivo «Soy Papá No Criminal Nayarit», encabezado por su vocero Misael Zepeda, paralizó de forma simbólica las instalaciones del Poder Judicial para denunciar la alarmante complicidad de jueces y secretarios en casos de obstrucción parental. En una contundente protesta, los manifestantes cercaron la entrada de los juzgados familiares con decenas de cajas de regalos envueltas que jamás llegaron a sus destinos. Misael Zepeda asestó un durísimo golpe mediático al señalar que esas cajas no son meros adornos, sino la prueba viviente del dolor de cientos de menores a los que el Estado les ha robado la infancia: contienen los regalos de cumpleaños y de Navidad acumulados durante años que no han podido entregarse debido a resoluciones judiciales corruptas y abyectas, sustentadas únicamente en la aceptación ciega de falsas denuncias sin la menor investigación probatoria ni peritaje psicológico de por medio.
El líder de la agrupación lanzó un contundente posicionamiento para desenmascarar el uso perverso del sistema penal, deslindando su causa de cualquier agenda misógina pero acusando la fabricación impune de delitos. Zepeda remarcó que el movimiento no combate a las mujeres ni vulnera la lucha contra la violencia de género, sino que condena enérgicamente a la red de manipulación legal que utiliza falsas acusaciones de abuso o violencia como un arma de chantaje, extorsión económica y venganza personal tras una ruptura de pareja. Con extrema severidad, advirtió que una denuncia falsa destruye la vida, el honor y el patrimonio de un hombre inocente, mientras satura y colapsa los juzgados, restando recursos vitales a las verdaderas víctimas de violencia. Por ello, el colectivo anunció que iniciará auditorías ciudadanas y procesos legales directos contra jueces, actuarios y notificadores, promoviendo juicios políticos y denuncias penales por prevaricato y negligencia criminal contra aquellos funcionarios que operen con favoritismo.
Misael Zepeda presentó datos duros e incontrovertibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que revelan la profunda crisis de descomposición social que azota a la entidad en comparación con el resto del país. Mientras que la media nacional registra 34 divorcios por cada 100 matrimonios, en el estado de Nayarit la cifra se dispara a niveles críticos alcanzando casi los 80 divorcios por cada 100 vínculos matrimoniales, posicionando al estado en un alarmante foco rojo de rupturas familiares. El vocero enfatizó que este fenómeno ha desencadenado una catástrofe social donde los hijos son rehenes de litigios interminables que duran entre 3 y 8 años, tiempo en el que sufren secuelas psicológicas severas e irreversibles por el Síndrome de Alienación Parental (SAP), inducido por el progenitor obstructores con la complacencia de un aparato de justicia indolente.
El movimiento denunció con vehemencia la abrumadora negligencia del Poder Judicial al mantener paralizada la implementación de los juicios orales en materia familiar, un esquema procesal que en otras entidades del país opera con éxito y celeridad desde el año 2002. A pesar de que México migró a este modelo hace más de dos décadas, las autoridades judiciales de Nayarit continúan excusándose en un déficit presupuestario ficticio para perpetuar un sistema escrito, arcaico y propenso a la corrupción. Zepeda reveló que existe una grave omisión institucional, pues el estado ya cuenta con infraestructura física habilitada y salas de oralidad construidas con dinero público que hoy permanecen en el abandono o son utilizadas como depósitos de archivo. La oralidad familiar desahogaría las pruebas cara a cara en un plazo máximo de 30 a 60 días, desmantelando de inmediato los testimonios falsos y restituyendo las convivencias de forma expedita, en lugar de permitir que los expedientes se pudran en los escritorios durante casi una década.
La magnitud del problema es demoledora: el colectivo «Soy Papá No Criminal Nayarit» tiene rigurosamente documentados 69 casos de extrema gravedad en Tepic y sus alrededores, donde se acredita formalmente la obstrucción parental violenta y la privación ilegal del contacto paterno. Sin embargo, Zepeda enfatizó que esta cifra representa un desgarrador subregistro de apenas el 10% de la realidad, estimando una «cifra negra» de más de 600 padres en la región central del estado que sufren en silencio y no litigan por terror al estigma social, al despojo patrimonial o a la fabricación de nuevas carpetas de investigación penal. Esta cruda realidad en la capital del estado exhibe una preocupante disparidad judicial en comparación con zonas como el municipio de Bahía de Banderas, donde la agrupación reconoció resoluciones cautelares dictadas en cuestión de días y una protección real al intereés superior de la infancia, lo que demuestra que en Tepic existe un vicio burocrático e insensibilidad institucional sistémica.
En un acto de absoluta firmeza, Misael Zepeda anunció que el colectivo no dará un solo paso atrás y emprenderá una ofensiva legislativa sin precedentes ante el Congreso del Estado de Nayarit. La agrupación entregará una iniciativa de ley de carácter urgente para reformar el Código Civil y el Código Penal del Estado, exigiendo la tipificación explícita de la obstrucción parental y la alienación parental como delitos graves penalizados con prisión, pérdida de la patria potestad y multas severas, además de exigir penas de cárcel ejemplares para quienes incurran en la fabricación de falsas denuncias. El líder del movimiento lanzó un ultimátum al Ejecutivo Estatal y al Tribunal Superior de Justicia para que rompan la complicidad por omisión, abran mesas de trabajo inmediatas y devuelvan a los cientos de niños robados por el sistema el derecho humano fundamental e inalienable de crecer con un padre presente.
