La reelección de Alejandro Alito Moreno, como dirigente del PRI, se ha invalidado.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), ha invalidado este jueves, por mayoría de siete votos a favor y cuatro en contra, las reformas a los estatutos priistas, los documentos de dirección que quitaron los candados y abrieron las puertas de par en par a la reelección del polémico dirigente por cuatro años más y con posibilidades de perpetuarse en el control de la agrupación política hasta 2032.
El presidente del histórico partido que gobernó 70 años ininterrumpidos el país, ha salido de inmediato en defensa de la legitimidad de las enmiendas, defensa que ha de llevar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El Supremo electoral tiene la última palabra sobre la permanencia de Alito en la dirección del priismo.
En el debate la mayoría de consejeros han ponderado el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos. En el texto se establece que los partidos no pueden realizar cambios a sus documentos básicos, en medio de un proceso electoral. Las reformas estatutarias del tricolor fueron aprobadas en la Asamblea Nacional del 7 de julio, un mes antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificara la elección presidencial, acto con el que se dieron por concluidos los comicios.
La resolución ha tardado, sin embargo, en caso de que sea ratificada por el tribunal, en automático quedan sin efectos las reformas y la elección del 11 de agosto, en la que la fórmula de Alito Moreno y Carolina Viggiano resultó reelecta con el 97% de los votos sobre Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos, su única competencia.
En el debate la mayoría de consejeros han ponderado el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos. En el texto se establece que las agrupaciones políticas no pueden realizar cambios a sus documentos básicos, en medio de un proceso electoral. Las reformas estatutarias del tricolor fueron aprobadas en una Asamblea Nacional realizada a todo vapor el 7 de julio, un mes antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificara la elección presidencial, acto con el que se dieron por concluidos los comicios.
De los 11 consejeros, siete han coincidido en la ilegalidad de las reformas priistas: Dania Ravel, Claudia Zavava, Rita Bell López, Angel Rivera, Uuc-kib Espadas, Arturo Castillo y Martín Faz han dado su voto para invalidar las enmiendas y como consecuencia, también a la reelección de los documentos internos del PRI. El presunto trasfondo político de la resolución del órgano electoral y la presunta relación con la discusión de la reforma judicial, deslizadas por Alito Moreno, han sido rechazadas por la autoridad electoral, el dictamen se discutió este martes en el seno de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos por el vencimiento de plazos que coincidieron con el debate legislativo.
La resolución del árbitro electoral solo ha atacado un flanco de otros tantos que presentaron los expresidentes del tricolor, Dulce María Sauri, Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Coldwell, y otros militantes, que emprendieron una batalla desde junio, primero para frenar la asamblea y después para tirar la reelección de Moreno.
Entre ellos que el partido había realizado los cambios estatutarios fuera del plazo legal, argumento que ha sido abrazado por el INE; las presuntas inconsistencias en la convocatoria de la asamblea y sobre el contenido de las reformas y su presunta violación a los principios del partido y a los derechos de la militancia. Sobre las tesis pendientes aún queda camino por recorrer en los órganos partidistas y en el Tribunal Electoral.
La discusión no ha ocupado demasiado tiempo. Desde su aprobación en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, este martes, se advertía el sentido de los votos. Los dos bloques que se han formado en el instituto, el de afines a la presidencia y el de los opositores, se han dividido. Guadalupe Taddei, Norma de la Cruz, Arturo Montaño y Carla Humphrey han votado en contra del dictamen.
La respuesta del polémico dirigente ha sido inmediata, igual que su ofensiva, impugnará el fallo ante el tribunal supremo “Si bien respetamos la decisión, no la compartimos, existen criterios aprobados por la Sala Superior que legitiman nuestras decisiones internas”, publicó el dirigente en la red social X.
Los representantes del PRI ante el INE han expuesto que la resolución es una interpretación restrictiva de ley. Marcela Guerra, diputada federal, ha responsabilizado al organismo de inconformidad. “Este instituto ha activado de manera excesiva, discrecional y sesgada y fuera de su competencia”, dijo la legisladora. “Con esta resolución van a dañar profundamente no solo a la dirigencia, en estos momentos difíciles para la República, van a dañar a un partido que ha luchado para mantener los preceptos republicanos, incluyendo también los de los órganos autónomos”.