Por Carlos Hartig
Tepic.- La inconformidad subterránea en las entrañas del Poder Judicial de la Federación (PJF) reventó de tajo y se transformó en una rebelión abierta en las calles. En una ofensiva gremial que paralizó simultáneamente a por lo menos 17 entidades del país, la totalidad de la base trabajadora del Vigésimo Cuarto Circuito en Nayarit declaró un paro de labores por tiempo indefinido. Con pancartas en alto y la exigencia de frenar lo que denominan una embestida autoritaria, los contingentes se apoderaron de la Plaza Principal y de los accesos clave en Tepic para doblar las manos de un Órgano de Administración Judicial al que acusan de operar con opacidad y saña.
El conflicto, que mantiene inhabilitadas las mesas de trámite y las salas de audiencia, fractura la operación de un circuito estratégico donde laboran cerca de 960 servidores públicos. De este total, 420 corresponden al personal de base agrupado en la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), quienes rompieron filas con la apatía institucional y tomaron el control del movimiento respaldados por la totalidad de los mandos medios y personal de confianza. La convergencia de secretarios de juzgado, actuarios y oficiales judiciales en un mismo bloque de protesta evidencia el tamaño de la crisis: la base trabajadora no está dispuesta a ceder ante imposiciones unilaterales.
La mecha que encendió este polvorín fue el reciente acuerdo emitido por el Órgano de Administración Judicial, el cual pretende imponer evaluaciones periódicas obligatorias a partir del próximo mes de diciembre. Lejos de representar un esquema transparente de profesionalización, los trabajadores destaparon la jugada: calificaron el examen como una «evaluación-trampa» diseñada ex profeso para justificar el cese masivo del personal de carrera. El perverso diseño otorga apenas un 40% de valor al examen teórico, mientras que el 60% restante queda en manos de la más absoluta discrecionalidad política de los titulares y de filtros externos inalcanzables.
«No le tememos a ningún examen ni a la capacitación constante; lo que denunciamos es un despido injustificado disfrazado de evaluación», sentenció con dureza Efraín Flores López, secretario de juzgado. El funcionario exhibió la indefensión jurídica a la que pretenden someterlos, advirtiendo que la normativa contempla la rescisión inmediata del empleo si el trabajador no acredita la prueba, cuyas decisiones son catalogadas mañosamente como inatacables, bloqueando por completo el acceso al juicio de amparo y convirtiendo al propio órgano en juez y parte.
A la tensión por la amenaza de despido se suma un cúmulo de agravios acumulados por años de abandono institucional. Hugo René Juárez Murillo, secretario general del Comité Ejecutivo Local de la Sección 22, destapó que el personal labora en condiciones de extrema precariedad, padeciendo una severa escasez de insumos básicos, nulas licencias informáticas y una plantilla rebasada por la carga procesal. Juárez Murillo recalcó que cerca del 80% de los sindicalizados en Nayarit acumula más de 15 años de trayectoria impecable y se encuentra a un paso de la jubilación, por lo que resulta un insulto criminal que pretendan evaluar con criterios punitivos a quienes llevan décadas cargando sobre sus hombros la impartición de justicia en el estado.
En un intento por contener el escándalo nacional, el Órgano de Administración Judicial intentó maquillar la medida asegurando que la evaluación decembrina tendrá un carácter «diagnóstico» y que no tocará las plazas laborales. Sin embargo, los trabajadores rechazaron tajantemente las promesas de palabra, exigiendo garantías por escrito, la derogación inmediata del acuerdo punitivo y el respeto absoluto a los derechos adquiridos de la base. Recordaron que el modus operandi del poder en turno busca liquidar los perfiles de carrera para colocar a sus incondicionales, vulnerando la independencia judicial desde las bases.
Con gritos de «¡Fuera corrupción!» y «¡No al despido disfrazado!», la protesta en Tepic resonó con fuerza en todo el estado. Los líderes sindicales advirtieron que el paro no se levantará bajo ninguna circunstancia hasta que exista una mesa de diálogo real y vinculante a nivel nacional. El mensaje de la base trabajadora es contundente y no admite titubeos: Nayarit se mantiene firme en la trinchera, dispuesto a asumir todas las consecuencias legales y políticas para defender su estabilidad laboral frente al autoritarismo administrativo.
