Por Carlos Hartig
Tepic, Nayarit.- La muerte de Diego Armando, un adolescente de apenas 16 años que falleció este jueves 8 de octubre tras permanecer en estado crítico a consecuencia de disparos de arma de fuego en la cabeza percutidos por elementos de la Policía Estatal, coloca nuevamente bajo un severo escrutinio público la actuación de las corporaciones de seguridad en Nayarit y señala directamente la responsabilidad institucional de la Fiscalía General del Estado para evitar la impunidad. El hecho, registrado durante una persecución iniciada en la colonia Infonavit Los Fresnos y que concluyó en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, ha desatado una ola de indignación social que exige el esclarecimiento inmediato de una intervención donde agentes encargados de proteger a la ciudadanía utilizaron fuerza letal contra un vehículo ocupado por menores de edad.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el incidente se desencadenó sobre la calle Ixtlán, cuando los jóvenes transitaban a bordo de un automóvil Mazda blanco. Al percatarse del despliegue policial y ante la presencia de las patrullas, el vehículo continuó su marcha acelerada hacia la avenida Insurgentes hasta detenerse en las inmediaciones de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, lugar donde se constató que Diego Armando presentaba impactos de bala en el cráneo. Pese a la gravedad del cuadro médico y los intensos esfuerzos en el hospital al que fue trasladado de urgencia, el menor perdió la vida días después, transformando el operativo en un caso de alto impacto penal que demanda respuestas contundentes sobre los criterios con los que se accionaron las armas de cargo oficiales.
El deceso del menor coloca a la Fiscalía General del Estado en el centro de las críticas por la lentitud e historial de opacidad con que suele integrar las carpetas de investigación cuando se ven involucrados servidores públicos. La sociedad nayarita y colectivos de derechos humanos advierten que la investigación radicada en el Ministerio Público no puede quedar reducida a un trámite burocrático ni circunscribirse de manera pasiva a los informes presentados por la corporación estatal. Existen interrogantes clave que la representación social está obligada a responder con pruebas científicas y no con discursos: ¿qué motivó a los elementos a disparar contra un coche en movimiento?, ¿existía una amenaza real e inminente que justificara el empleo de munición real?, ¿se agotaron los mecanismos de contención o se incurrió en una acción arbitraria que vulnera los principios de necesidad, gradualidad y proporcionalidad contemplados en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza?
Aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó que los policías participantes fueron apartados de sus funciones operativas mientras avanzan las indagatorias, diversos sectores sociales han calificado dicha acción como un mero formalismo administrativo insuficiente frente a la pérdida de una vida. La ciudadanía enfatiza que la suspensión preventiva no exime a los elementos de la responsabilidad penal ni sustituye la acción de la justicia. Corresponde a la Fiscalía deslindar formalmente quiénes ejecutaron los disparos, peritar la trayectoria de los proyectiles en la carrocería del automóvil y determinar la situación jurídica de los uniformados ante un Juez de Control, evitando que el paso del tiempo diluya las pruebas o se concedan privilegios procesales a los imputados.
El esclarecimiento de la muerte de Diego Armando exige una investigación seria, transparente y libre de sesgos institucionales que garantice el derecho a la verdad para la familia y certidumbre para la comunidad. La investidura y el uniforme policial no otorgan patente de corzo ni inmunidad legal a ningún servidor público cuando su actuar deviene en el fallecimiento de un ciudadano. La Fiscalía del Estado tiene la obligación legal y moral de actuar con estricto apego a derecho, transparentar los dictámenes de balística forense y actuar con firmeza si se acreditan excesos, omisiones o un uso ilícito de la fuerza.
La sociedad de Tepic no aceptará que la muerte de un joven de 16 años quede sepultada entre comunicados oficiales o carpetas archivadas en los escritorios ministeriales. A sus 16 años, Diego Armando perdió la vida después de un episodio que involucra directamente a elementos de una corporación estatal, por lo que la exigencia hacia la Fiscalía General del Estado es rotunda: investigación imparcial, deslinde transparente de responsabilidades penales y justicia plena conforme a derecho, demostrando con hechos que en Nayarit la ley se aplica para todos sin distinción ni encubrimientos.
