Por Carlos Hartig
La Peñita, Compostela. En un acto que marca un punto de inflexión en la lucha social del estado, el recinto del Comisariado Ejidal de La Peñita de Jaltemba se convirtió en el escenario de una contundente rebelión ciudadana. Bajo la premisa innegociable de que «nadie debe enfrentar la justicia solo en esta tierra», se formalizó la consolidación de la Asociación Civil Tejedores de Nayarit durante una masiva segunda asamblea informativa, encendiendo los focos rojos sobre el actuar de las autoridades de procuración de justicia ante el presunto uso sistemático de expedientes amañados y la prisión preventiva como garrote de persecución.
La asamblea se transformó en un escaparate de graves revelaciones sobre la operatividad del sistema judicial local. El abogado David Luna Peña cimbró al foro al exponer la aberración jurídica que vive su padre, Arturo Luna López, privado de la libertad desde hace tres años. Tras obtener una sentencia absolutoria inapelable por parte de un Tribunal Federal —que determinó que los hechos no constituían delito y que las pruebas de la Fiscalía local carecían de valor—, la autoridad estatal ejecutó la infame táctica de la «puerta giratoria»: en menos de 24 horas le clonaron un nuevo expediente para arrestarlo en el mismísimo portón del penal justo cuando cruzaba hacia la libertad.
La cacería penal tampoco ha dado tregua a la resistencia comunitaria. Karina Inés Basurto Álvarez, presidenta del Comité de Acción Ciudadana de la colonia Primero de Mayo, reveló el calvario que enfrenta tras ser imputada por cargos de asociación delictuosa, pandillerismo y ataques a las vías de comunicación. ¿Su único «delito»? Liderar protestas pacíficas para exigir la reparación de viviendas y drenajes destruidos por el paso indiscriminado de transporte pesado. Basurto denunció que, tras negarse a aceptar sobornos para disolver el movimiento, fue judicializada de inmediato bajo la amenaza de reparaciones de daño millonarias que buscan asfixiar la protesta social.
Esta crisis local no es un hecho aislado, sino la manifestación más cruda de una patología estructural. Cifras oficiales del INEGI y múltiples condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señalan que en México cerca del 40% de la población penitenciaria permanece encarcelada bajo prisión preventiva sin recibir sentencia definitiva, una figura que en Nayarit se ha desnaturalizado para convertir la presunción de inocencia en un castigo sumario e indefinido.
El impacto humano de esta arbitrariedad institucional cobró tintes trágicos durante la intervención del activista Isaac Cárdenas Chaquín, conocido como «Chaquín». El defensor expuso cómo la intransigencia judicial puede costar vidas, citando el caso de un recluso a quien un juez de control le denegó la prisión domiciliaria pese a registrar un deterioro clínico irreversible, derivando en su fallecimiento apenas 30 días después bajo la custodia del Estado. Cárdenas visibilizó además descaradas revanchas políticas contra mujeres, ejemplificadas en el expediente de Jazmín «N», encarcelada en el fuero local tras haber sido absuelta en otras jurisdicciones.
La mesa directiva del encuentro agrupó a destacados referentes del litigio, el trabajo sindical y la defensa comunitaria: Isaac Cárdenas «Chaquín», el abogado Jorge Alejandro Fernández Pérez y el dirigente laboral Oscar Flavio Serano, acompañados por víctimas de violaciones procesales como Apolonio Franco Guzmán y Octavio Santiago Guardado, con el respaldo del Comisariado Ejidal encabezado por Jorge Alonso Macías González.
Con el puño en alto, la dirigencia de Tejedores de Nayarit lanzó una advertencia clara: la organización operará sin subordinación a partidos ni agendas políticas. Su estrategia articulará la movilización pacífica en las calles con el escrache público y la exposición viral de las carpetas de investigación viciadas en redes sociales y tribunales, decididos a frenar la devastación económica, moral y humana que la justicia selectiva acarrea a miles de familias en Compostela y en todo el territorio nayarita.
