Por Carlos Hartig
Tepic.- La rabia, el dolor y la indignación social rompieron el cerco del silencio frente a los juzgados de Tepic, donde familiares y ciudadanos exigieron justicia frontal y un alto a la impunidad de las fuerzas del orden. El clamor popular acusa directamente al régimen de seguridad de Nayarit de encubrir un auténtico crimen de Estado tras el cobarde asesinato del menor Diego Armando Salas —a quien hoy recuerdan con profunda tristeza al aire libre— y la criminalización grotesca de Javier, Allison y Monserrat.
Los datos duros exhiben el uso salvaje, desmedido y criminal de la fuerza pública durante el operativo de la Policía Estatal, donde los uniformados dispararon sin control contra un vehículo de jóvenes que solo buscaban la convivencia y el deporte. Esa lluvia de balas no solo destrozó la cabeza del menor Diego Armando con un impacto mortal, sino que puso en peligro mortal a la población civil al impactar contra un puesto de tacos de la zona.
Lejos de asumir su responsabilidad, la corporación y la Fiscalía han intentado blindar a los agentes agresores manteniendo una narrativa de encubrimiento, mientras mantienen secuestrados en prisión a tres jóvenes sobrevivientes bajo el falso delito de portación de arma de fuego, un montaje burdo de la corporación para tapar su brutalidad. Ante esta infamia, los familiares han encarado la simulación gubernamental exigiendo que se investigue la verdad y se castigue a los verdaderos culpables con placa.
Durante la protesta, José López encaró con dureza la simulación gubernamental: “Nosotros no pedimos impunidad, pedimos justicia para nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros hermanos… Esos policías en vez de cuidarnos nos mataron a Diego, nos han incriminado a Monse, a Allison y a Javier”. Los manifestantes denunciaron con profunda indignación que hoy la ciudadanía vive con terror y desconfianza hacia quienes por ley deberían protegerlos.
La opacidad institucional alcanzó niveles alarmantes bajo la tutela del juez Edgar Torres Castellanos en la Sala Regional de Oralidad. De manera sospechosa y a puerta cerrada, la audiencia judicial de este domingo fue cambiada de última hora a modalidad virtual, bloqueando el acceso público e impidiendo que las familias miren de frente a los cuatro policías separados de sus cargos que participan en la misma sin que hasta el momento exista una orden de captura penal por homicidio en su contra.
Ante la nula información directa de las autoridades para esclarecer el caso, la Fiscalía solo se ha limitado a confirmar que el proyectil extraído en la necropsia se encuentra bajo análisis balístico. Las familias advirtieron que no pararán hasta exigir cuentas directas al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, al director de la Policía Estatal, Alberto Garay, y a la fiscal del estado, Luzmilla, exigiendo la libertad inmediata de los jóvenes y la caída de los verdaderos criminales con uniforme.
