Por Carlos Hartig
Tepic.- En medio de un profundo dolor y un reclamo colectivo de justicia, familiares, amigos y ciudadanos despidieron en el panteón municipal al joven Diego Armando Salas Covarrubias, de 16 años, quien perdió la vida tras permanecer cinco días hospitalizado a causa de dos impactos de bala en la cabeza. Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 3 de octubre, cuando la camioneta Mazda en la que viajaba junto a otros cuatro jóvenes fue interceptada y perseguida por elementos de la Policía Estatal sobre la calle Ixtlán en Tepic. Durante las honras fúnebres, su madre, la señora Ana Georgina Covarrubias, rompió el silencio para exigir que las autoridades esclarezcan el crimen y dejen de lado la impunidad, señalando de manera directa que no se trató de una tragedia fortuita, sino de un acto de negligencia policial.
La familia de la víctima desmintió tajantemente las versiones iniciales y las imágenes falsas difundidas en redes sociales que intentaban criminalizar al menor. Con firmeza, recalcaron que Diego era un estudiante y deportista sano, alegre y muy querido, por lo que rechazaron categóricamente que los oficiales hayan actuado bajo una legítima defensa. «A mi hijo no lo perdí, a mi hijo me lo mataron por una negligencia del gobierno», expresó visiblemente destrozada la madre de familia ante los medios locales y nacionales, cuestionando que a estas alturas ninguna autoridad de primer nivel se haya acercado a ofrecerles una respuesta institucional.
Asimismo, los deudos denunciaron la falta de empatía y la tardía reacción de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la administración encabezada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. A pesar de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los elementos involucrados fueron separados de sus funciones operativas de manera preventiva y turnados a la Dirección General de Asuntos Internos, los familiares recriminaron con indignación que los policías continúan en libertad y sin una orden de aprehensión formal, mientras que los jóvenes que sobrevivieron al ataque fueron colocados inicialmente bajo custodia como si fueran delincuentes.
El caso ha puesto bajo la lupa los protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad estatal, reviviendo el debate sobre el uso excesivo de la fuerza letal y la opacidad institucional. Peritajes clave, como el análisis balístico del proyectil extraído del cráneo de la víctima para determinar su correspondencia exacta con las armas de cargo de los agentes implicados, comenzaron a realizarse de manera tardía, lo que incrementó la desconfianza social hacia la procuración de justicia. Organismos civiles y ciudadanos han señalado la gravedad de que los filtros de control de confianza y preparación táctica de las corporaciones fallen en proteger la vida de los ciudadanos.
Durante el sepelio, cubierto por un manto de dolor e impotencia, cientos de asistentes portaron globos blancos y exigieron un alto a la impunidad al grito unánime de «¡Justicia!». Los allegados manifestaron su temor ante la vulnerabilidad en la que viven las familias nayaritas, advirtiendo que cualquier ciudadano puede convertirse en víctima de balaceras y abusos de autoridad mal investigados. La exigencia central de la comunidad es que el peso de la ley recaiga sobre los presuntos responsables materiales y que el caso no quede archivado bajo la protección del aparato gubernamental.
Ante la falta de respuestas claras por parte de la fiscalía y del gobierno estatal, la familia confirmó que se sumará a las marchas y movilizaciones convocadas en el estado. Advirtieron que mantendrán firme su lucha jurídica y social para que los policías involucrados sean encarcelados, exigiendo que se sienten precedentes firmes para garantizar que ninguna otra familia en México vuelva a enfrentar una tragedia derivada del uso desproporcionado de la fuerza pública.
