PAN JALISCO IMPULSA REFORMA PARA AGILIZAR INDEMNIZACIONES

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A CIUDADANOS AFECTADOS

El Grupo Parlamentario de PAN Jalisco logró la aprobación en el Congreso del Estado de una reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, con el objetivo de facilitar y acelerar el acceso de la ciudadanía a indemnizaciones cuando su patrimonio resulte afectado por la actuación irregular de autoridades estatales o municipales.

La reforma establece que la ley deberá interpretarse bajo el principio de máxima protección al ciudadano, garantizando que los procedimientos sean gratuitos, sencillos y accesibles. Además, se simplifican los requisitos para presentar reclamaciones y se obliga a las autoridades a recabar de oficio la información necesaria, reduciendo la carga administrativa para las personas afectadas.

Entre los cambios más relevantes destaca la reducción de los plazos de resolución de 30 a 20 días hábiles, así como la creación de un Fondo Ciudadano de Indemnización Expedita, que permitirá cubrir de manera inmediata reclamaciones menores a 100 UMAS.

Asimismo, se incorpora la responsabilidad del Estado por daños ocasionados en materia de seguridad pública, incluyendo acciones u omisiones que afecten bienes o derechos durante episodios que alteren la paz y el orden público.

En la misma sesión, el Congreso aprobó un exhorto para que los Poderes Ejecutivos estatal y federal implementen un plan integral de atención a las personas afectadas por los hechos de violencia del 22 de febrero de 2026, que incluya un censo de daños, gestión de recursos y atención patrimonial, psicológica y económica.

Desde Acción Nacional se reiteró que el Estado debe responder con justicia, rapidez y transparencia ante los daños causados a la ciudadanía, colocando a las personas en el centro de las decisiones públicas.

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A CIUDADANOS AFECTADOS

El Grupo Parlamentario de PAN Jalisco logró la aprobación en el Congreso del Estado de una reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, con el objetivo de facilitar y acelerar el acceso de la ciudadanía a indemnizaciones cuando su patrimonio resulte afectado por la actuación irregular de autoridades estatales o municipales.

La reforma establece que la ley deberá interpretarse bajo el principio de máxima protección al ciudadano, garantizando que los procedimientos sean gratuitos, sencillos y accesibles. Además, se simplifican los requisitos para presentar reclamaciones y se obliga a las autoridades a recabar de oficio la información necesaria, reduciendo la carga administrativa para las personas afectadas.

Entre los cambios más relevantes destaca la reducción de los plazos de resolución de 30 a 20 días hábiles, así como la creación de un Fondo Ciudadano de Indemnización Expedita, que permitirá cubrir de manera inmediata reclamaciones menores a 100 UMAS.

Asimismo, se incorpora la responsabilidad del Estado por daños ocasionados en materia de seguridad pública, incluyendo acciones u omisiones que afecten bienes o derechos durante episodios que alteren la paz y el orden público.

En la misma sesión, el Congreso aprobó un exhorto para que los Poderes Ejecutivos estatal y federal implementen un plan integral de atención a las personas afectadas por los hechos de violencia del 22 de febrero de 2026, que incluya un censo de daños, gestión de recursos y atención patrimonial, psicológica y económica.

Desde Acción Nacional se reiteró que el Estado debe responder con justicia, rapidez y transparencia ante los daños causados a la ciudadanía, colocando a las personas en el centro de las decisiones públicas.

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