Por Carlos Hartig
Tepic.- Jorge Ignacio Peña González, exrector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), promovió un juicio de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación con el objetivo de frenar posibles actos privativos de la libertad o determinaciones judiciales emitidas en su contra por los juzgados locales.
De acuerdo con la lista de acuerdos publicada en los estrados electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la demanda de garantías quedó radicada bajo el expediente principal 1328/2026 en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal en el estado de Nayarit. El acuerdo inicial de radicación fue emitido con fecha del 11 de noviembre de 2026, notificado por la actuaria Beatriz Meléndez Almaraz.
En el registro oficial se señala como autoridad responsable al Centro Regional de Justicia Penal Oral Región III, con residencia en Tepic. El recurso legal busca proteger al ex funcionario universitario frente a una eventual orden de reaprehensión o la revocación de los beneficios procesales bajo los cuales enfrenta sus audiencias en el fuero común.
Peña González, quien encabezó la rectoría de la máxima casa de estudios nayarita durante el periodo constitucional 2016-2022, arrastra desde 2023 al menos tres causas penales integradas por la Fiscalía General del Estado (FGE). En dichas carpetas de investigación se le imputan los presuntos delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos y tráfico de influencias en agravio del patrimonio universitario.
Las indagatorias estatales derivaron de auditorías internas y revisiones de entes fiscalizadores que documentaron un presunto quebranto financiero superior a los 300 millones de pesos durante su gestión, periodo marcado por la crisis de insolvencia económica de la institución y el impago de prestaciones a trabajadores y jubilados.
El historial judicial del exrector incluye su detención en enero de 2023 por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, tras lo cual permaneció recluido durante tres meses en el Centro Regional de Reinserción Social (CERESO) «Venustiano Carranza» de Tepic bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En abril de ese mismo año, un juez de control le concedió el cambio de medidas cautelares para llevar su proceso en libertad condicional, sujeto a firma periódica, garantía económica y prohibición de salir del país.
Con la radicación del juicio de amparo 1328/2026, el juzgado federal requerirá los informes previos y justificados a los jueces de oralidad penal de Tepic para resolver en audiencia incidental sobre la suspensión del acto reclamado y determinar si se concede la protección de la justicia federal.
