LOS NOTARIOS, UN TEMA
CALIENTE Y PICANTE
Uuuy, ¡vaya qué candente se ha puesto el tema de los notarios públicos en prácticamente todo el territorio nacional! ¿Cuándo se había visto algo así en la historia reciente del país? ¿Alguna vez se imaginó alguien que un profesional del derecho, un practicante de la ley con la responsabilidad de velar por la legalidad de los actos y contratos de miles de ciudadanos, acabara pisando los corredores de la cárcel? –Es una pregunta que se hace cada vez más gente en todos los rincones, desde los foros ciudadanos hasta las mesas de trabajo de las dependencias gubernamentales.
NUNCA TRAS LAS REJAS
Hasta hace muy poco, si un fedatario público llegaba a un centro penitenciario, era con un propósito completamente distinto: para dar fe oficial o rendir testimonio de algún hecho relevante, siempre siendo requerido por las autoridades correspondientes para acreditar la validez de documentos o la veracidad de declaraciones dentro del ámbito de la sociedad prisión. Nunca se pensó que serían ellos mismos los que enfrentaran procesos judiciales por conductas que podrían haber puesto en riesgo la confianza que la población deposita en esta institución.
UN GIRO ESTRUCTURAL
Y ¿cuál es el trasfondo que ha llevado a esta situación tan inesperada? Todo parece girar en torno a un cambio estructural que sacude los cimientos del sistema notarial: los gobernadores estatales están a punto de perder el control y la administración de las notarías en todo el país. Ante esta perspectiva, la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿quién cree usted que va a recaer sobre sí el control o la vigilancia de los fedatarios públicos en México? Si su respuesta fue el gobierno federal, acertó de pleno.
CENTRALISTA, PERO NECESARIA
La iniciativa de reforma que se está debatiendo en las instancias legislativas es, sin duda alguna, de corte muy centralista. Sus planteamientos señalan que la gran mayoría –si no todas– de las comisiones notariales que existen en la actualidad fueron otorgadas como parte de un verdadero “botín político” en manos del gobernador en turno. Se afirma que en muchas ocasiones, estos nombramientos no respondían a criterios de mérito profesional, experiencia o idoneidad, sino más bien a lazos de afinidad política, compromisos electorales o negociaciones entre grupos de poder locales.
HERENCIA POR GENERACIONES
Pero ese no es el único punto de crítica que pesa sobre el sistema notarial actual. Se estima que el 50 por ciento o incluso más de las notarías del país están ocupadas por familiares directos o cercanos de los primeros notarios que recibieron la comisión. Se ha convertido, en la práctica, en un negocio familiar que se transmite de generación en generación, como si se tratara de una herencia patrimonial, sin que necesariamente los nuevos titulares cuenten con la preparación o la ética requerida para ejercer una función tan sensible.
Además de este problema de concentración de poder y falta de renovación, los ciudadanos también han manifestado su malestar por los altos costos que implica tramitar cualquier acto notarial. Los honorarios cobrados por los fedatarios varían de manera exorbitante, y lo más preocupante es que esta diferencia de precios no se correlaciona en absoluto con la calidad del servicio ofrecido. De hecho, en una misma ciudad se ha detectado que dos notarías pueden cobrar cantidades muy distintas por realizar exactamente el mismo trámite, con el mismo nivel de complejidad y los mismos requisitos legales. Algunos usuarios han reportado que en ciertos casos, se les han cobrado conceptos adicionales no justificados, o se les ha presionado para contratar servicios complementarios que no eran necesarios.
EL TABULADOR
Es por todas estas razones que, con la reforma que se está planteando, se busca establecer un tabulador único de precios que estandarice los costos de todos los trámites notariales en todo el país. El objetivo es garantizar que cualquier ciudadano, sin importar su lugar de residencia o sus recursos económicos, pueda acceder a servicios notariales de calidad a precios justos y transparentes. Se espera que esta medida ponga fin a las prácticas abusivas de cobro y a la discriminación que sufren algunos sectores de la población por no poder pagar cifras desorbitadas.
Y mientras se discute la reforma a nivel nacional, en algunos estados ya se ha dado inicio a la acción penal contra aquellos fedatarios que habrían incumplido con sus obligaciones. El caso más emblemático es el de Nayarit, donde las autoridades han llevado a cabo una operación de gran envergadura: están capturando a la mayoría de los fedatarios públicos del estado y los están llevando a prisión para que respondan por sus actos. Se les acusa de incapacidad profesional, complicidad con actos ilícitos, y de haber llenado sus arcas con dinero mal habido, que se mezcla con los recursos obtenidos de manera legítima a través de trámites menores y rutinarios.
NECESARIO EL DEBATE
En fin, esta iniciativa de reforma notarial promete dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Aunque muchos cuestionan su carácter centralista y temen que pueda llevar a una burocratización excesiva del sistema, también hay quienes la ven como una medida urgente y necesaria que iría en favor de todos los mexicanos. Solo el tiempo dirá si logra corregir los desequilibrios que han afectado a esta institución por años, o si traerá consigo nuevos retos para la administración de justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos.
